En defensa de las PYMES

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Las instituciones gubernamentales ofrecerán una serie de facilidades a las pequeñas empresas entre las que se incluyen moratorias y flexibilizaciones de pago.

Los perjudiciales desmanes que el COVID-19 ha traído a la economía nacional –y particularmente a los pequeños y medianos negocios– no han tardado en hacerse sentir a todos los niveles. Según los datos facilitados por el ministerio de trabajo, alrededor de 40.000 comercios y bares no han podido reemprender su actividad este pasado lunes tras la entrada en vigor de la fase 1 del plan de desescalada estipulado por el gobierno. Las cifras ofrecidas por las estadísticas de la Seguridad Social resultan un claro indicativo de que los ceses de actividad de las compañías se han concentrado especialmente en el ámbito de las PYMES y la microempresa. Dichas bajas han contado con una mayor presencia en regiones como Andalucía, donde la severa dependencia del turismo ha conducido a la clausura de en torno a 30.000 negocios. Para hacer frente a estos desalentadores hechos, muchas empresas se han visto en la necesidad de redefinir su estrategia y metodología de trabajo con el objetivo de hacer frente a la incertidumbre y desesperanza propiciada por el estado de alarma.

De igual modo, otros comercios han tenido que garantizar su solvencia orientando la producción a nuevos tipo de mercancías como ha sido el caso de algunas compañías textiles catalanas, que se han volcado en suplir las necesidades del sector sanitario a través de la fabricación de mascarillas. Paralelamente se ha dejado entrever cómo aquellas empresas que contaban con servicios de venta en línea y otros tipos de soporte telemático han preservado cierto nivel de ingresos tal y como informa Claudia Danesi, directora de empresa y emprendimiento del parque tecnológico TecnoCampus.

Con el objetivo de asegurar tanto la continuidad del grueso de las empresas como la preservación de los puestos de trabajo, las distintas administraciones regionales han acordado una postergación de los pagos de impuestos y cuotas a la seguridad social. 

Asimismo, después de las intensas negociaciones del martes 12 el gobierno logró llegar a un acuerdo con la patronal y los sindicatos para prorrogar los ERTES hasta el próximo 30 de junio y así blindar los empleos de miles de trabajadores. 

 

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