Tras la estrepitosa derrota del PSOE andaluz en las pasadas elecciones autonómicas y la subsiguiente implantación de una nueva arena política presidida por el popular Juanma Moreno, la Audiencia de Sevilla viene a demarcar el fin de ciclo con una sentencia que enfanga la gestión socialista en la región.

El tribunal declara culpables a 19 de los 22 imputados por el fraude de las subvenciones ilícitas, incluyéndose a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chavés y Jose Antonio Griñán –sentenciados a 9 años de inhabilitación y 6 años de cárcel respectivamente–.

Según la resolución judicial, los orígenes del caso ERE se remontan a la firma de un convenio entre el antiguo consejero de empleo José Antonio Viera y el presidente del Instituto de Fomento Andaluz (IFA) Antonio Ortiz allá por 2001.

Dicho documento facilitaría las transferencias de financiación desde la propia Consejería de Empleo al IFA, hecho que supone una violación de la normativa que regula ese tipo de abonos. Para no levantar sospechas, el Instituto de Fomento también realizó ciertas manipulaciones presupuestarias a través de pagos fraccionados. Tal es el caso de la compañía Pickman SA, a la que le fueron concedidos en el año 2004 un total de 1.8 millones de euros en 4 ingresos.

La cúpula de la Junta de Andalucía conocía el régimen de irregularidades bajo el cual se llegó a repartir más de 650 millones de euros en ayudas sociolaborales.

Es por ello que se produjeron intentos de legalizar la situación, pero el proyecto nunca llegó a presentarse formalmente al Consejo de Gobierno. 2 La respuesta por parte de las demás formaciones políticas no se ha hecho de esperar: Mientras que Sergio Romero, portavoz de Ciudadanos ha afirmado que el caso de los ERE será «una mancha» que perseguirá siempre al PSOE, Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía declaró la necesidad de «una oficina anticorrupción que sea independiente del gobierno».

Por su parte, el presidente de la Junta Juanma Moreno ha expuesto la necesidad de poner en marcha un paquete de medidas que permita combatir la imagen de corrupción que se ha difundido y, en su lugar, potenciar «la Marca Andalucía».